Puerto Príncipe, 15 de junio de 2025 – La violencia desatada por pandillas en Haití ha alcanzado niveles sin precedentes, cobrando la vida de al menos 2,680 personas entre enero y mayo de este año, entre ellas 54 niños, según denunció este sábado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El organismo internacional alertó que, además de las víctimas mortales, más de 950 ciudadanos han resultado heridos y 316 han sido secuestrados, en su mayoría con fines de extorsión.
La escalada de violencia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 1.3 millones de personas, quienes han tenido que abandonar sus hogares para huir del control y la brutalidad de las bandas criminales.
Uno de los focos más críticos ha sido la ciudad de Mirebalais, a 59 kilómetros de la capital, donde desde finales de marzo se han intensificado los ataques. Las bandas armadas han destruido comisarías, saqueado propiedades privadas y liberado a más de 515 reclusos de una prisión local, sumiendo la zona en el caos.
Asimismo, en la región de Bas-Artibonite, los enfrentamientos entre pandillas y grupos locales de autodefensa han intensificado el ciclo de violencia, agravando aún más la situación humanitaria y de seguridad en el país.
La ONU ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para reforzar el respaldo logístico y financiero a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, actualmente en condiciones operativas limitadas. “El apoyo internacional debe ser urgente, coordinado y sostenido”, señaló el organismo, citado por el diario haitiano Le Nouvelliste.
Ante este contexto de violencia generalizada, el ACNUDH instó a todos los países a suspender las repatriaciones forzosas a Haití, y a garantizar la protección de los refugiados haitianos que se encuentran en el extranjero, enfatizando que las condiciones actuales no permiten un retorno seguro ni digno.
La crisis en Haití se mantiene como una de las más complejas del hemisferio occidental, con una población cada vez más vulnerable y un Estado debilitado frente al poder de las bandas criminales.